Cuando se acerca la época navideña, numerosos migrantes poblanos que residen en Estados Unidos regresan a su lugar de origen para compartir con sus seres queridos. Sin embargo, este retorno a menudo se ve empañado por actos de extorsión perpetrados por diversas autoridades, como policías municipales, estatales y federales, que identifican rápidamente a estos migrantes por sus vehículos con placas extranjeras.

Lo que debería ser un momento de alegría y reunión familiar se transforma en una experiencia angustiante. Las autoridades solicitan sumas desproporcionadas a los migrantes para permitirles el paso con mercancías adquiridas en el extranjero. De no acceder a estas demandas irregulares, las autoridades incautan los regalos destinados a sus familias en Puebla.

Los municipios más afectados por estas prácticas incluyen Piaxtla, Chignautla, Petlalcingo, entre otros. Sorprendentemente, estos lugares carecen de programas gubernamentales para asistir a los migrantes que regresan durante las festividades. Debido a la falta de apoyo, muchos migrantes optan por viajar en avión, aunque esto conlleva mayores costos y limita la cantidad de regalos que pueden llevar a sus seres queridos.

Tomás Romero Martínez, activista con amplia experiencia en la defensa de los derechos de los migrantes, destacó cómo las autoridades aduaneras y policiales someten a los migrantes a extorsiones y hostigamientos. Estos actos de corrupción y abuso de poder no solo afectan a aquellos con doble ciudadanía o permisos, sino también a aquellos migrantes que carecen de documentación legal.

Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación Pies Secos, resaltó la urgencia de que las autoridades brinden una protección real y efectiva a los migrantes, especialmente durante las temporadas festivas.

Por su parte, el Gobierno de Puebla anunció medidas para garantizar los derechos de los migrantes durante su visita, como el acompañamiento de 16 familias poblanas que regresaron desde Estados Unidos mediante la Caravana del Orden y de la Legalidad 2023. Esta iniciativa contó con el apoyo de diversas entidades gubernamentales para asegurar un traslado seguro y legal para los migrantes.